Tribunales

Crimen del garaje de La Laguna en Cádiz: piden que se archive la causa contra el hombre que mató a su hermano a golpes

La acusación, representada por las hermanas, ha presentado recurso de apelación al entender que el sobreseimiento es precipitado

Un hombre detenido acusado de matar a su hermano en un garaje de La Laguna en Cádiz

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L. V.

Cádiz

La Fiscalía y la defensa de Juan Jorge T. G. han solicitado conjuntamente el sobreseimiento del procedimiento penal que se sigue contra él por la muerte de su hermano Antonio, ocurrida el pasado 1 de abril de 2024 en un garaje comunitario de Cádiz, propiedad de la familia. Dicha petición fue cursada ante el Juzgado de Instrucción Número Tres de Cádiz que tramita la causa bajo el procedimiento de la Ley del Jurado, quién al admitirla impide que un Tribunal del Jurado juzgue los hechos, calificados por la acusación particular como un supuesto delito de asesinato con la agravante de parentesco.

Como se recordará, el doloso acontecimiento tuvo lugar de madrugada en pleno barrio de la Laguna de Cádiz, en un garaje de la plaza Pintor Godoy, cuando ambos hermanos supuestamente habían quedado para hablar sobre asuntos relacionados con un requerimiento de hacienda. Allí, según las diligencias iniciales, Antonio Toledo habría sacado un arma y disparado tres veces contra su hermano, alcanzándole en dos ocasiones sin riesgo para su vida. En respuesta, Juan Jorge utilizó una barra metálica de 71,5 centímetros con la que golpeó a su hermano durante nueve minutos consecutivos, causándole la muerte por traumatismo cranoencefálico y sin signos de que pudiera defenderse. Las cámaras de seguridad del garaje captaron toda la secuencia.

A pesar de la violencia del suceso, la Fiscalía considera que concurre una causa de justificación por legítima defensa y, subsidiariamente, una eximente completa por miedo insuperable. Estas valoraciones llevaron al Ministerio Público a solicitar el archivo del caso antes de la apertura del juicio oral. La defensa del investigado se adhirió a esta posición.

No obstante, la acusación particular, ejercida por las hermanas del fallecido, María José y María Dolores Toledo Garcés, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz. En su escrito, se denuncia que el sobreseimiento ha sido precipitado, inmotivado y contrario a la tutela judicial efectiva, alegando que aún no se han practicado diligencias esenciales ni se ha valorado debidamente la prueba videográfica.

Motivos del recurso de apelación

La acusación considera que las grabaciones demuestran que Antonio quedó desarmado tras el primer impacto, y que Juan Jorge continuó golpeándolo una vez inmovilizado, incluso después de comprobar que ya no respiraba. Según el neta policial, el acusado permaneció encima del cuerpo en posición de cabalgada, le tomó el pulso, y siguió golpeando mientras manipulaba su teléfono móvil sin dar aviso a emergencias. Cinco minutos después del fallecimiento, aún entraba y salía del garaje con la barra en la mano.

El recurso también pone en duda la tesis de la legítima defensa, el arma que supuestamente portaba la víctima nunca fue disparada, y se encontraba cargada bajo el capó del coche del acusado. No hay indicios de que Juan Jorge estuviera encerrado ni de que sufriera bloqueo psicológico. Más aún, tras el suceso llamó a su hermano Francisco, médico jubilado, sin solicitar ayuda ni asistencia para el herido.

Desde el punto de vista jurídico, la acusación argumenta que el auto de sobreseimiento incurre en errores sustanciales, como una motivación confusa sobre la concurrencia de causas eximentes y una aplicación anticipada del articulo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin haberse agotado la fase instructora. A su juicio, ni el miedo insuperable ni la legitima defensa pueden ser valorados en esta fase sin una investigación completa ni un proceso contradictorio ante un tribunal.

La acusación reclama que el procedimiento continúe y se practiquen pruebas clave: informes médicos, declarciones de testigos presenciales, policias y sanitarios, análisis del estado mental del investigado y la autenticidad y contenido íntegro de las grabaciones.

La Audiencia Provincial de Cádiz deberá ahora resolver el recurso y determinar si procede reabrir la causa y someterla al veredicto del Tribunal del Jurado, como prevé la ley en los delitos más graves. La decisión marcará un precedente relevante sobre la interpretación del principio acusatorio, las garantías de las partes y los límites de las eximentes en delitos intrafamiliares con resultado de muerte.

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